Políticas Públicas en Derechos Humanos (página 2)

En nuestro país, son construcciones sociales que
surgieron a raíz del dolor de varios sectores que
perdieron hijos, padres, familiares, amigos, etc. y que a la
postre se organizaron, en principio para involucrarse en la
búsqueda infructuosa de parientes desaparecidos y a la
postre para luchar organizadamente en defensa de los derechos humanos
con la consigna primordial de "NUNCA MAS" permitir que semejantes
abusos de poder vuelvan
a ocurrir.

En la
República Argentina coexisten en la actualidad varias
tales como Madres de Plaza de Mayo S.A.M., Familiares de
Desaparecidos por Razones Políticas,
Organizaciones
de Expresos y Refugiados por Razones Políticas, SER.P.A.J.
(Servicio de
Paz y Justicia) e
H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la
Justicia contra el Olvido y el Silencio) que a su vez contaron
con el apoyo del C.E.L.S. (Centro de Estudios Legales y Sociales)
y de otras Organizaciones como la Co.Na.De.P. de
características tales como de Ente Autárquico
dependiente del Estado
Nacional que en la actualidad se encuentra desarticulado, siendo
reemplazado por otros Programas como lo
son el Programa Verdad y
Justicia o el Programa Nacional de Protección de
Testigos…

Preguntas

4.1. ¿Puede el ESTADO
proteger a esos TESTIGOS VICTIMAS siendo que en el pasado fue el
mismo ESTADO quién los victimizó?

La pregunta se les efectuó por SI o por NO, a un
Universo de
treinta y ocho (38) testigos de causas de lesa humanidad de la
Provincia de Córdoba y se efectuó en el mes de
Diciembre del año 2006.

4.1.2. Diagnóstico:

Una clara desconfianza de la sociedad civil
afectada directamente por el terrorismo de
estado para con la Policía de la Provincia de
Córdoba.

4.2. ¿Pueden los TESTIGOS VICTIMAS confiar
de nuevo en las Instituciones
que ayer los secuestraron, vejaron, torturaron y mataron en
procedimientos
fuera de la ley?

La pregunta se efectuó con sólo tres
opciones de respuesta a un Universo de sesenta y cinco (65)
testigos de causas de lesa humanidad de la Provincia de
Córdoba y se efectuó en el mes de Diciembre del
año 2007.

4.2.1. Diagnóstico:

Después de un año de intenso y responsable
trabajo y una
manera distinta de expresar la pregunta, aparece un claro
fortalecimiento de la Institución Policial a través
del Cuerpo Especial de Protección de Testigos por parte de
la sociedad civil
afectada directamente por el terrorismo de estado para con la
Policía de la Provincia de Córdoba.

Visión de
los hombres y mujeres de las Fuerzas de
seguridad

No es menos cierto que este pensamiento
todavía no es homogéneo en todos los hombres de las
Fuerzas Armadas y de Seguridad, pero
entendemos como clara la tendencia a ese logro de acuerdo a un
estudio de ciento cincuenta y ocho (158) entrevistas
anónimas que realizamos con mi compañero
Héctor Brunotto a Funcionarios Policiales de las
Provincias de Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y de
la Policía Federal con asiento en la Delegación
Córdoba Capital y
otros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las que
ante la pregunta de ¿Qué piensan de los hechos
ocurridos en la dictadura
militar? – Como premisa, la cual se les fue explicada,
debían responder lo primero que se les venía a la
mente sobre tres respuestas posibles- algo más de un 42 %
(66 funcionarios) respondieron que "algo habrán hecho por
eso les paso lo que les pasó"; algo más de un 35 %
(55 Funcionarios) respondieron que "las Instituciones Policiales
no deben prestarse para actos de terrorismo sino que están
para hacer cumplir la ley respetando siempre los valores
humanos" y 23 % (37 Funcionarios) respondieron "En nuestras
Instituciones no es conveniente responder este tipo de
preguntas", dando a entender estos últimos que no
estaban de acuerdo con ciertas metodologías, razón
por la cual entendemos su silencio. Cabe destacar que el personal no
sabía que estaba siendo encuestado con el objeto de lograr
una respuesta sin elaboración previa.

Conclusión, diagnóstico final y
pensamiento crítico de los autores

No es fácil arribar a respuestas
automáticas, ni tampoco sencillo encontrar los fundamentos
que sostengan la respuesta que sea, en todos los casos
encontraremos vastos fundamentos tanto para una respuesta de SI u
otra de NO.

Se trata de una cuestión de Conciencia Social
y Responsabilidad Institucional, porque el dolor
esta marcado a fuego en determinados sectores de la sociedad, es
recordado en otros y está presente con alguna indiferencia
en otros…..nosotros estamos convencidos más
allá de lo que cada uno piense, que lo verdaderamente
importante es el logro de la conciencia social que, no
pasa simplemente si los incidentes ocurrieron más o menos
de cerca, si se sufrieron en carne propia o en la persona de un
padre, hijo, hermano o amigo, etc… sino en la
aceptación de que ocurrieron y causaron estragos a nuestra
sociedad, todo lo cual ha sido debidamente probado y demostrado
en diferentes instancias judiciales de juicio… esa es la
conciencia social….todos debemos estar al corriente de
ocurrido para que no ocurran NUNCA MÁS… esa,
desde la conciencia social debe ser la premisa
fundamental.

Por otra parte, por más aberrantes que hayan sido
los hechos ocurridos, ya pasaron y forman parte de un pasado de
casi treinta y cinco años… y las heridas deben
cerrarse y cicatrizar.

Que a las Instituciones todavía les falta
madurar en este supuesto, pero debemos asumir también
que los hombres y mujeres que integran las Instituciones tienen
otros valores,
tienen otra educación y han sido
formados en la Fuerza con
otros parámetros educacionales y planes de estudios que
han incorporado la temática de los Derechos Humanos a sus
currículas, según lo informado por la Regencia de
Estudios de las Escuelas de Cadetes de Policía de las
Provincisa de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires.

Intervención a través de una
política pública

A estas alturas y con una tan interesante impronta,
vinculada a la situación planteada de esta relación
entre la Institución Policial y los Derechos Humanos, se
hace absolutamente necesario interponer una acción
de intervención, bajada de manera planificada y con un
diseño
participativo, esto es, ni más ni menos que una Política de Estado,
que permita a las Instituciones Policiales del Estado
flexibilizar sus estructuras
para reconocer, asumir, entender y reparar sus errores pasados,
incorporando para sus recursos
humanos un bagaje de conocimientos y vivencias vinculadas a
la temática de los derechos humanos, de modo y forma que
esto se pueda proyectar al trabajo diario de un Policía y
a su sana convivencia social.

Y por otra parte se deben elaborar Políticas
Públicas dirigidas a la Educación Oficial
(Sistema
Obligatorio) y a otros sectores de participación ciudadana, en pos de lograr
una sociedad responsable, controladora y llena de valores que
acepte las reformas que proponen a una moderna Institución
Policial con ideales identificados con el valor de la
vida, comprendiendo que su Policía está para
cuidarlos y protegerlos, y fundamentalmente creer en los
esfuerzos de sus integrantes que trabajan denodadamente con una
doctrina enmarcada en tres pilares fundamentales como lo son
la responsabilidad en el trabajo,
apego absoluto a la ley y amor al
prójimo.

Autor:

Héctor Nacut